Montero reclama el compromiso conjunto del Parlamento para defender a Andalucía en los Presupuestos del Estado


SEVILLA, 10/05/2017.- La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, conversa con el vicepresidente del Ejecutivo andaluz, Manuel Jiménez Barrios, momentos antes de comenzar el pleno en el Parlamento de Andalucía, hoy en Sevilla. EFE/Jose Manuel Vidal SEVILLA, 10/05/2017.- La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, conversa con el vicepresidente del Ejecutivo andaluz, Manuel Jiménez Barrios, momentos antes de comenzar el pleno en el Parlamento de Andalucía, hoy en Sevilla. EFE/Jose Manuel Vidal

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha reclamado el compromiso conjunto del Parlamento para defender a Andalucía en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017, unas cuentas que, a su juicio, "siguen sin dibujar una recuperación justa ni atienden a los retos que tienen por delante la economía española y andaluza". En comparecencia en el Pleno, ha expresado su oposición al proyecto de PGE que actualmente se debate en el Congreso de los Diputados, porque "lastran las oportunidades de futuro y castigan a los andaluces".

Montero ha rechazado la política económica que inspira las cuentas públicas para el presente ejercicio presentadas por el Ministro de Hacienda, ya que "suponen el mantenimiento de la política de austeridad y limitación del gasto para los más afectados por la crisis económica, así como un frenazo adicional al desarrollo de infraestructuras que son las bases del crecimiento futuro". Del mismo modo, ha criticado las "cesiones bilaterales" pactadas con partidos nacionalistas que no ofrecen una "solución justa" al problema de la financiación autonómica e incrementan "aún más" las desigualdades entre los ciudadanos. La consejera ha recordado que Andalucía acumula una financiación inferior a la media regional de 4.672 millones de euros, referidos al periodo de vigencia del modelo de financiación 2009-2014.

Durante su intervención, la consejera ha defendido la necesidad de impulsar un "nuevo modelo" cuyo primer objetivo sea el bienestar y la eliminación de las desigualdades. "Pretenden hacernos creer que solo mediante la reducción del peso del sector público y la reducción de derechos será posible alcanzar crecimiento y empleo", ha lamentado. "No podemos aceptar ni el tipo de crecimiento que se está produciendo, ni el empleo precario, ni el Estado de bienestar que pretenden dibujar. La ciudadanía necesita ya sentir la mejora de la economía y recuperar los derechos perdidos, y estos presupuestos no van en esa línea", ha subrayado.

Montero ha reclamado una "profunda" reforma fiscal que "acerque los ingresos públicos a los niveles medios de la Unión Europea, incidan en la progresividad y eviten asimetrías entre territorios". Asimismo, ha reiterado la necesidad de modificar la normativa de estabilidad para que la regla de gasto "no impida recuperar la normalidad de los servicios públicos".

Sin embargo, ha recordado que el Gobierno central, según ha comunicado a Bruselas, mantiene la misma estrategia fiscal de reducción del peso del gasto público en 3 puntos hasta 2020, de modo que en el periodo 2012-2020, se pretende consolidar una caída del gasto total de 6,6 puntos, es decir, más de 85.000 millones euros. Respecto a los ingresos públicos, se mantienen en el 38% del PIB, 8 puntos de diferencia con la media de la eurozona y con incrementos en el peso de la recaudación indirecta y reducciones en la indirecta, es decir, con menos progresividad.

"La estrategia del Gobierno del PP nos conduce a alejarnos de la convergencia con Europa, a ampliar la brecha en las políticas sociales debilitando el Estado de bienestar y a aligerar las cargas fiscales a los que más tienen a costa de las clases medias y trabajadoras", ha criticado.

Montero se ha referido a los ingresos "poco creíbles" del proyecto de PGE, que estima un incremento del 7,9% en 2017, lo que supondría una recaudación de 14.714 millones de euros superior al del ejercicio anterior, unas previsiones que no comparten ni el Banco de España ni la AIReF y que también tienen consecuencias para las comunidades autónomas a través de las entregas a cuenta. En este sentido, ha alertado de una liquidación negativa exigiría la devolución dos años después de las cantidades que "se hayan inflado".

Asimismo, ha alertado de una "segunda trampa" derivada de la aplicación de la regla de gasto que no permite dedicar en su totalidad los mayores ingresos a políticas públicas. Montero ha recordado que la previsión para Andalucía es de un incremento del 4% en las entregas a cuentas, que se traducen en 835 millones de euros, de los que 375 millones tendrian que dedicarse al pago de la deuda. Así, el gasto computable a efectos de regla de gasto en Andalucía es el más bajo de todas las comunidades autónomas, concretamente, de 2.537 euros por habitante, frente a los 3.021 de la media regional o los 4.212 euros del País Vasco. "Si Andalucía se ve limitada por la regla de gasto, su capacidad para converger también se verá lastrada", ha subrayado.

Renuncias y agravios

La consejera ha lamentado que las cuentas públicas para 2017 "renuncian a dar oportunidades a los que nos las tienen y renuncian a mejorar el futuro de aquellos que lo siguen pasando mal". Concretamente, ha denunciado que, por cuarto año consecutivo, anticipan una importante pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas, con una "exigua" subida del 0,25% de las pensiones, mientras que también vuelven a bajar las aportaciones para financiar las prestaciones por desempleo.

Montero ha recordado que Andalucía lleva seis años reivindicando alguna medida específica en materia de empleo, sin que el Gobierno central haya mostrado "la más mínima sensibilidad con nuestra tierra". "Para romper con la brecha de desigualdad necesitamos contar con su apoyo", ha manifestado, para criticar que "se vuelve a reproducir el agravio" al haberse pactado incorporar a los presupuestos un Plan integral de empleo para Canarias, dotado con 21 millones de euros y con el compromiso de duplicar los fondos en 2018. Frente a ello, Andalucía es la única comunidad que ve recortadas las políticas activas de empleo, con 13,3 millones menos en 2017 (-3,95%).

La negativa del Gobierno de articular para Andalucía planes especiales de empleo ha provocado que la propia comunidad tenga que sostener "a pulmón" esta política, ejecutando, según ha detallado la consejera, más de 510 millones de euros entre 2014 y 2016, a los que se suman 40 millones anuales a través del programa extraordinario de ayuda a la contratación para favorecer la inclusión.

Asimismo, ha aludido a la financiación de la Dependencia por la que Andalucía debería recibir 250 millones más al año, mientras que ha dejado de percibir 1.600 millones de euros desde el año 2012, debido al incumplimiento del Gobierno central de sufragar el 50% de la aplicación de la ley (1.250 millones de euros) a los que se suman 70 millones anuales que no ha recibido. También ha denunciado pérdidas en Educación de 83 millones de euros anuales por la supresión del Programa PROA y cerca de 400 millones por la aplicación de la Lomce, de modo que Andalucía solo recibe del Gobierno central 72 millones anuales mediante un préstamo a fondo perdido procedente de Fondos Europeos.

Montero también ha recordado el coste para financiar los tratamientos de la Hepatitis C que han supuesto 500 millones de euros desde 2015 para las arcas andaluzas, debido a los compromisos incumplidos por el Gobierno central.

Según ha expresado, el "mayor castigo" de los PGE para Andalucía se concentra en las inversiones que registran el mayor descenso del conjunto de las comunidades con una caída del 13,9%. En 2017 se invertirán 137,7 euros por habitante en Andalucía, lo que representa un 74,6% de la media nacional que se sitúa en 184,4 euros. Además, ha denunciado que sigue sin cumplirse la inversión por población, de modo que desde 2008 el déficit de inversiones en la región suma 2.926 euros.

La consejera también ha subrayado que Andalucía es la única comunidad que ha visto reducido los fondos de la PAC, con 418 millones de euros menos en el periodo 2015-2020.