El PSOE afirma que la decisión del Tribunal Supremo de anular el Plan Parcial de Puente Tocinos es una prueba más del fracaso del Partido Popular


El diputado regional socialista Alfonso Martínez Baños / Foto del PSOE de Murcia El diputado regional socialista Alfonso Martínez Baños / Foto del PSOE de Murcia

El diputado regional socialista Alfonso Martínez Baños ha asegurado que la decisión del Tribunal Supremo de anular el Plan Parcial de Puente Tocinos, que preveía la construcción de 5.000 viviendas, es otro varapalo a la política de ordenación del territorio del Gobierno regional y una prueba más del fracaso del modelo de desarrollo económico del PP.

Según Martínez, la anulación del Plan Parcial de Puente Tocinos se une a la larga lista de fracasos acumulada por el PP y el Gobierno regional en política urbanística.

“La Consejería de Fomento, más que garantizar el cumplimiento de la legalidad en la ordenación del territorio ha empujado a los ayuntamientos hasta un callejón sin salida en materia de planeamiento urbanístico. Marina Cope, Aledo, Puerto Lumbreras, Cartagena, Joven Futura, ahora Puente Tocinos, veremos cuál es el siguiente planeamiento anulado por los tribunales de justicia”, ha criticado.

En este sentido, el Grupo Parlamentario Socialista va a pedir la comparecencia en la Asamblea Regional del consejero de Fomento para que exponga cuál es la política del Gobierno regional en material de ordenación del territorio y cómo se está coordinando con los ayuntamientos la planificación del desarrollo de los municipios para garantizar la sostenibilidad y evitar las políticas especulativas.

El diputado socialista ha recordado que en los años previos a la crisis y a la aparición de innumerables casos de corrupción vinculados al urbanismo y al PP, el Gobierno regional impulsó una política especulativa con el suelo que pretendía recalificar 180 millones de metros cuadrados para construir más de 300.000 nuevas viviendas.

“Una auténtica locura que provocó que la Región de Murcia sufriera la crisis con más intensidad y más paro que el resto de regiones de España; que llevó a la cárcel a varios alcaldes y concejales del PP; que abrió en los Tribunales de Justicia multitud de casos de corrupción que siguen investigando, y que ha arruinado a varios ayuntamientos”, ha señalado.

En su opinión, la desastrosa política urbanística del Gobierno regional y del PP puede costar a las murcianas y murcianos más de 600 millones de euros por la construcción de la desaladora de Escombreras.

Martínez ha comentado que este proyecto se diseñó para firmar convenios de abastecimiento de agua con los ayuntamientos, que han resultado ser ilegales, para dar apariencia de legalidad a los proyectos de recalificación del suelo, ya que en aquellos momentos la Confederación Hidrográfica del Segura se negó a participar en la burbuja urbanística organizada por el PP.

“Ahora el Tribunal Supremo dice que el único órgano cualificado para certificar la disponibilidad de agua para el abastecimiento a las viviendas es la Confederación Hidrográfica del Segura, y no otro”, ha añadido.

“A pesar de la vergonzosa situación en la que quedan el PP y el Gobierno regional una y otra vez, siguen sin aprender la lección e insisten en las torpezas cometidas en los años del boom inmobiliario”, ha dicho.

En su opinión, la ley del Suelo aprobada deprisa y corriendo en los últimos momentos de la anterior legislatura responde a los intereses de unos pocos y no al de un desarrollo territorial sostenible, justo y racional de la Región de Murcia.

“No existe un ordenamiento del territorio de la región supramunicipal que dé respuesta a criterios generales; siguen sin desarrollarse las directrices de ordenación del territorio a pesar de los años transcurridos desde su planificación; no existe un hilo conductor que coordine y establezca criterios comunes en las políticas urbanísticas de los municipios, y el Gobierno regional sigue tramitando planes generales de ordenación municipal que persisten en la especulación con el suelo”, ha concluido.