Pregunta: Las estadísticas de la delincuencia suben, de forma continua, desde hace varios años ¿Cuáles son las causas?

Respuesta: Todas las respuestas conducen al Gobierno del PP. En primer lugar, un incremento de las desigualdades, primer factor criminológico en una sociedad desarrollada. La marginalización de crecientes sectores de la sociedad aboca al crecimiento de la delincuencia y esto es una constante en el análisis de la criminalidad en todas las sociedades desarrolladas. Luego está todo un conjunto de políticas públicas que abundan en el crecimiento de la delincuencia en todas sus variantes: deterioro de los servicios públicos de seguridad y descenso del gasto público en seguridad. Así lo certifican todos los especialistas, los analistas y, desde luego, los propios profesionales y los sindicatos de la policía. El gasto publico en seguridad ha disminuido, durante el tiempo de Gobierno del PP, del 0,60% en 1996 al 0,52% del PIB en el año 2002: 150.000 millones menos de las antiguas pesetas en seguridad pública. Al mismo tiempo ha decrecido el número de efectivos que garantizan la seguridad pública. Hay 7.000 policías menos y 3.000 guardias civiles menos.
En tercer lugar, un descuido de los instrumentos de colaboración y coordinación establecidos por la Ley. Los distintos cuerpos de seguridad dependientes del Gobierno, de las CCAA, donde existen, y de las Corporaciones Locales actúan de espaldas los unos a los otros, sin coordinación efectiva.
Y, en cuarto lugar, el PP ha puesto el énfasis en un abandono de las políticas de investigación. Las políticas de imagen que, de forma paradigmática, ejemplifica el llamado Plan Policía 2000. Una falsa impresión de “patrullaje” en los centros urbanos a la luz del día con completo descuido de la noche y de la necesaria tarea de investigación con la que es preciso responder al incremento de la delincuencia organizada.

P: ¿Estamos ante una dejación de responsabilidad por parte del Gobierno del PP, en este campo?

R: En este y en otros muchos. Pero en este, seguramente, se percibe con una transparencia escandalosa la contradicción entre su propaganda y la realidad. Su propaganda se condensa en su lema: “menos impuestos, más seguridad”. La ciudadanía ha tenido dificultades en percibir cómo debajo de la retórica de la “rebaja de impuestos” se ha escondido, en realidad, un crecimiento global de la presión fiscal en unos términos socialmente muy injustos, que han profundizado las inequidades e injusticias de la sociedad española, haciéndola más desigual de lo que era hace 6 años después de 4 legislaturas de gobiernos socialistas. Pero en materia de seguridad este contraste es sencillamente inocultable porque resplandece. Dicen “más seguridad” y lo que en realidad nos evidencian los datos, es un incremento exponencial de la delincuencia y una incapacidad del PP de asumir ninguna responsabilidad por ella.

P: El endurecimiento de las penas anunciadas por el Gobierno, no sólo en los delitos de terrorismo, sino para la delincuencia en general, ¿es una solución efectiva o estamos, también, ante un episodio más de propaganda del Gobierno?.

R: Los socialistas hemos firmado un compromiso expreso en materia antiterrorista porque pensamos que, 25 años después de la Constitución, es una prioridad absoluta. Arrimamos el hombro, en las circunstancias más difíciles, porque esto es lo que la ciudadanía tiene derecho a esperar frente a una amenaza tan corrosiva como es el terrorismo y su efecto intimidatorio. Pero la violencia terrorista comporta una amenaza especializada y distinta a la de la amenaza de inseguridad en la vida cotidiana. El Gobierno ha intentado generar un clima de confusión: intenta encubrir opciones penales reaccionarias bajo la cobertura de la amenaza terrorista. Los socialistas exigimos que una y otra discusiones, discurran cada una por su carril. Que no se mezclen.

P: En España 100.000 efectivos de seguridad privada, están protegiendo al 5% de la población, mientras que 80.000 efectivos de seguridad publica protegen al resto. ¿Seguridad privada y seguridad pública?

R: El deterioro de la seguridad pública en los años del Gobierno del PP no es ninguna casualidad. Es la consecuencia deliberada de un conjunto de políticas destinadas a deteriorar el crédito de lo público y los espacios públicos, en beneficio de los poderes privados. Una manifestación repugnante de esta política antisocial es la que afecta a la seguridad, derecho fundamental que tiene que ser disfrutado igualitariamente. Es por ello, que en los años de gobierno del PP sólo hay un negocio que pueda competir con la especulación inmobiliaria: la seguridad privada, que ha aflorado de una forma irresistible. Que mueve un billón de pesetas. Que emplea a 105.000 personas. Y que, además, es un negocio que privatiza el disfrute de un derecho fundamental que es el primero de los que los poderes públicos tienen que responsabilizarse, para conseguir una sociedad justa: la seguridad. Tenemos aquí, por tanto, un problema social gravísimo: un modelo dual de sociedad, en el que “quién quiera seguridad se la tiene que pagar”, dando por buena la máxima, insoportablemente antisocial, del Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, mientras que quien no se la puede pagar está expuesto al riesgo cotidiano.

P: ¿No supone, este planteamiento, un ataque a las libertades públicas?

R: Como ningún otro. Porque, significa una privatización de la libertad, una renuncia del deber del Estado de asegurarla con carácter igualitario para todos. Y, consiguientemente un deterioro del prestigio de lo público y un deterioro del prestigio de los espacios públicos, que son los espacios de todos.

P: ¿Cuáles son las propuestas socialistas para incrementar la seguridad, que no puede suponer nunca una merma, sino una garantía de la libertad?.

R: Existe, en el discurso ideológico de la derecha, una falsa formulación del problema: que libertad y seguridad son polos antitéticos de un binomio de imposible configuración. Cuanta más libertad menos seguridad. “Cuánta más seguridad, inevitablemente, tendremos que abdicar de más libertad”. Los socialistas no lo vemos así. Libertad y seguridad, lo dice la Constitución y así lo creemos, se retroalimentan: una sociedad más segura nos hace más libres, y una sociedad más libre es más segura, en la medida en que las libertades puedan ser disfrutadas igualitariamente por todos sus miembros y no, como pretende la derecha, de forma desigual.
Consiguientemente, en esta legislatura, hemos hecho de la seguridad una prioridad absoluta de la agenda socialista. Con un discurso ideológicamente muy cargado, muy enraizado en los valores de la izquierda. Desde la convicción profunda de la igual dignidad de todos los seres humanos y de que una libertad igualitaria sólo puede ser disfrutada cuando el Estado se compromete con la seguridad de todos. Para una sociedad más libre y al mismo tiempo más segura, hemos construido una alternativa integral, un concepto integral de la seguridad, con tres pilares. Primero, políticas de prevención del delito y una apuesta activa por la lucha contra la marginalidad y en favor de la cohesión social, que es el mejor antídoto contra la inseguridad. En segundo lugar políticas de represión del delito: incrementando la eficacia policial, reponiendo la plantilla envejecida y disminuida; garantizando, la capacidad operativa de la policía; incrementando su coordinación y su colaboración; articulando propuestas de modificación del actual modelo policial; integrando distintitos escalones de responsabilidad de los poderes públicos en materia de seguridad estatal, autonómica y local; estableciendo unidad de mando en todo aquello que requiere unidad de dirección, sobre todo, en las líneas de investigación y en las políticas de seguridad de alcance nacional. Finalmente, hemos incorporado un fuerte compromiso con el eslabón desatendido en la cadena del delito: las víctimas. Un compromiso de resarcimiento moral y económico, sobre todo para quienes quedan en una especial desprotección o de necesidad. Estos tres pilares conforman una alternativa integral de seguridad que no pivota sobre el pilar exclusivamente represivo, como propugna el proyecto del Gobierno.
Aún así, nada nos exonera del deber de denunciar el balance de resultados. Lo cierto y real es que la política del Gobierno es puramente propagandística, porque detrás de su retórica de penas y cárceles no se esconde sino un balance catastrófico de desatención del servicio público de seguridad.

P: Usted ha hablado de seguridad global, ¿estamos hablando, por ejemplo, seguridad en los viajes, es decir, a evitar accidentes de RENFE, el bloqueo de carreteras, la seguridad ambiental, el tema del Prestige, el tema del hundimiento de la gabarra en la Bahía de Algeciras, seguridad jurídica..?

R: Así es. El concepto de seguridad global responde a una aproximación, que es la socialista, profundamente enraizada en valores y principios, y en una apuesta por un modelo de sociedad. Libertades iguales para todos. Y para eso, hace falta generar un ambiente de seguridad en el sentido más extenso de la palabra. Seguridad jurídica, derecho a la prohibición de la arbitrariedad: que ninguna persona pueda verse abusiva o arbitrariamente despojada de sus derechos, para empezar, del derecho a la libertad.
Pero también, seguridad pública en el sentido más amplio de la palabra. Seguridad frente a las emergencias y las catástrofes, es el caso de la seguridad en el caso del Prestige. Seguridad alimentaría. Seguridad laboral, combate contra las tasas de siniestralidad insoportables que padecemos en España, las más altas en el mundo desarrollado. Y seguridad, en fin, en su sentido más lineal, que es seguridad en la calle, seguridad ciudadana. Por tanto, lucha enérgica contra esa injusticia en estado puro que es el crimen.

P: ¿Existe una relación entre la inmigración y la inseguridad creciente, tal como dicen algunos miembros del Ejecutivo y, muy recientemente, la propia mujer del Presidente del Gobierno?.

R: La apertura de las sociedades desarrolladas, en un mundo globalizado, a una presión inmigratoria es un dato de la realidad que está produciendo transformaciones profundas en nuestros modelos de convivencia y esto se traduce en incremento de cotas de inseguridad, es un hecho innegable. Resulta una infamia pretender que el incremento de la delincuencia, tenga en España una explicación mono causal que consiste en que los extranjeros, los inmigrantes, e incluso, los inmigrantes irregulares cometen delitos. La inmigración irregular viene a España en búsqueda de oportunidades y, en su mayor parte, agrandan, de forma dramática o trágica, las tasas de victimización de una sociedad cada vez más injusta e insensible; porque los inmigrantes irregulares son, en sí mismos, victimas de delitos que quedan escandalosamente impunes, en la mayor parte de las ocasiones, dada la incapacidad del Estado de ofrecer una respuesta global, integral y eficaz frente a esa explotación de seres humanos que constituye el tráfico de personas, y su explotación en la economía sumergida o en el trabajo negro, no en la prostitución. Porque es evidente que la criminalidad tiene una espuela en el incremento de las desigualdades, en la marginalización de sectores de la sociedad española que no tienen ninguna referencia ni en la extranjería ni en inmigración. Vincular una cosa y otra sólo puede tener una explicación ideológica y es conformar un modelo de sociedad dual que incentiva la desconfianza, la prevención y el prejuicio hacia al otro, hacia lo diferente, la resistencia contra la integración y el mestizaje y, en definitiva, la preservación de un modelo de sociedad enraizado en valores conservadores y hasta reaccionarios que proporcione a los gobiernos, que debieran responder del deterioro de la seguridad pública, una cabeza de turco que, para la derecha, es algo tan bueno o casi, como una solución, frente a un problema real. Una respuesta simple.

P: Si se aumenta la cuantía del delito fiscal y al mismo tiempo estamos endureciendo penas al pequeño delincuente, ¿no se está enviando un mensaje contradictorio a la sociedad?.

R: No tengo ninguna duda sobre eso y lo hemos denunciado. Constituye un escándalo que el Gobierno, en su propaganda, pretenda lanzar el falso mensaje de que está endureciendo el sistema penal frente a la delincuencia, cuando en realidad lo que está diciendo, es que, hay que meter en la cárcel a más marginales, a más pequeños delincuentes, desprotegidos, incapaces, por sus propios medios, de blindarse frente al sistema punitivo del Estado.

P.- Censura denunciada por actores, limitación de libertad en manifestaciones, manipulación en TVE y otros medios públicos.... ¿Estamos viviendo un momento de restricción de libertades públicas?

R: Hemos denunciado al Gobierno popular como un gobierno antiguo, autoritario, antisocial y antipático. Incapaz de asumir su responsabilidad en un deterioro de la calidad democrática de este país, que es ya inocultable. Bajo la retórica farisea de la “regeneración democrática”, de la “centralidad del Parlamento”, de la “libertad de expresión” y del “pluralismo informativo”, el PP ha perpetrado retrocesos gravísimos en todos y cada uno de esos valores de nuestra convivencia democrática. Han sometido a las dos cámaras del Parlamento a su mayoría absoluta: ni el Congreso de los Diputados cumple su función de control, ni el Senado cumple tampoco su función de integración territorial.
Han sometido a los medios de comunicación y a la televisión pública a unos niveles de manipulación sólo comparables a los del franquismo. Están instalados en el NODO y su comunicación es la que les dicta su anclaje ideológico y moral en la derecha que aplaudió durante 40 años, sin rechistar, el NODO. Lo aprendieron desde pequeñitos y no lo han podido superar. Para ellos gobernar es salir en el NODO. Gobernar mucho, salir mucho en el NODO. Y gobernar bien, salir bien en el NODO. Cada vez que los socialistas denunciamos un problema se instruye, de manera determinante y taxativa, a todos los medios de comunicación al servicio del Gobierno, para negarlo. Si el problema llega a conectar con la ciudadanía, se criminaliza a quienes lo denuncian, y se desencadenan campañas de hostigamiento mediático, contra sus denunciantes, presentándolos como “traidores” o incluso como “sediciosos” o como ¡delincuentes!, instrumentalizando para ello al Fiscal General del Estado, para que interponga querellas contra los discrepantes. Finalmente, se encubre con toneladas de propaganda.

P: ¿Su afición a la caricatura es una vía de escape?.

R: Pues..., lo ha sido siempre. Frente a las largas, y a veces tediosas sesiones de trabajo, en las que, en el mucho escuchar, encuentro una ventana por la que respirar en mi mano izquierda, dibujando.

Joaquín Tagar