El PSOE pide al Gobierno canario que mejore el seguro civil del personal sanitario


El Grupo Parlamentario Socialista lleva al próximo pleno una iniciativa por la que pide al Gobierno canario que garantice la cobertura por responsabilidad civil del personal sanitario dependiente de la Comunidad Autónoma. El portavoz del área, Marcos Hernández, explica que la propuesta pasaría por la contratación centralizada de un seguro integral para estos profesionales que cubra todos los servicios que realicen en la sanidad pública, tal y como ya se hace en otras comunidades autónomas, donde es la consejería la que asume ese gasto.

El diputado considera fundamental la cobertura del personal sanitario ante posibles reclamaciones de responsabilidad civil o penal de carácter profesional, porque se convierte en un respaldo a estos profesionales en el trato a los pacientes y contribuye, en mayor medida, a que los únicos criterios en los que basar sus decisiones sean estrictamente médicos.

Señala que esta cobertura, que corresponde a los distintos sistemas de salud autonómicos, se presta en España mediante tres modelos diferenciados. El primero, al que se han acogido trece de las diecisiete autonomías, consiste en la contratación pública de un tipo de aseguramiento en el que la compañía cubre todas las posibles responsabilidades (tanto civil como penal) y la comunidad autónoma, por tanto, no se tiene que preocupar de ejercer como barrera ante una negligencia médica.

En el segundo modelo, al que se han acogido tres comunidades, si bien no se cubren todas las posibles responsabilidades del personal sanitario, sí se mantiene la metodología de contratación centralizada de la aseguradora. El tercer sistema es el que se aplica en Canarias, en el que no se produce la contratación directa de la aseguradora por la Administración de la Comunidad Autónoma, sino que esta subvenciona su contratación a los asegurados a través de los colegios profesionales.

“Si ser la única comunidad que aplica este sistema ya resulta indicativo, lo cierto es que diversos argumentos desaconsejan su mantenimiento”, subraya Hernández, quien insiste en que es fundamental dar seguridad jurídica a los profesionales de la sanidad, “quienes están sometidos a la presión normal del ejercicio de una actividad en el que las decisiones que toman afectan directamente en la salud o la vida de otras personas”.

Indica que además se garantiza la cobertura de las posibles indemnizaciones a las que haya que hacer frente desde las arcas públicas, tanto de manera directa como subsidiariamente por incapacidad de los responsables. Añade que un último argumento deriva de las ventajas que conlleva la contratación centralizada de un servicio. Por una parte, la comunidad autónoma sería actor directo en la negociación con las aseguradoras, y no como ocurre en la actualidad, con la contratación desde los colegios profesionales.

Marcos Hernández afirma que un procedimiento de concurrencia pública en el que se incorporen todos los profesionales sanitarios públicos autonómicos permitiría una mejor oferta por parte de las empresas aseguradoras al garantizarles una mejor cartera de clientes. Por último, explica que la gestión de las diversas incidencias que pudieran producirse podrían abordarse conjuntamente entre la administración y la empresa aseguradora, de manera que se alcanzaran acuerdos más beneficiosos que si se abordan de manera concreta.