Jonás Fernández pide explicaciones sobre la venta del Banco Popular


Los socialistas españoles en el Parlamento Europeo consideran positiva la resolución adoptada por el Mecanismo Único de Resolución (MUR) sobre el Banco Popular, que supone un funcionamiento ordenado del modelo europeo de supervisión. Esta resolución, “ha permitido abordar una crisis bancaria sin el uso del dinero del contribuyente y sin afectar negativamente a la estabilidad financiera”, según ha señalado Jonás Fernández, miembro de la Comisión de Asuntos Monetarios y Financieros del Parlamento.

Se trata de la primera intervención del sistema europeo de supervisión puesto en marcha en los últimos años en el marco de la Unión Bancaria.

La resolución, deja, sin embargo, algunas incertidumbres sobre las decisiones adoptadas por el supervisor, el órgano de resolución y especialmente por los gestores del propio Banco Popular en los últimos años, asegura Fernández.

En primer lugar, los socialistas españoles se preguntan por la efectividad y credibilidad de los test de estrés. Sin necesidad de retrotraerse a los primeros ejercicios del año 2011, la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) publicó sus últimas pruebas en el verano de 2016, hace menos de un año, y con los datos de cierre a 2015 situaba el Common Equity Tier 1 en el escenario más adverso en una ratio del 6,6 por ciento, con más de un punto de holgura respecto al nivel de referencia. “Es cierto , apunta el eurodiputado español, que las circunstancias han empeorado notablemente en los últimos meses, pero se encuentran aún muy alejadas de los supuestos planteados en ese escenario adverso Por este motivo, es urgente revisar los ejercicios de test de estrés, clarificar los posibles errores cometidos y proceder un calendario de elaboración de los mismos con una mayor periodicidad”, concluye.

En segundo lugar, es necesario clarificar las decisiones adoptadas por el Banco Popular en los últimos meses. Por una parte, debe investigarse la ampliación de capital del pasado mes de mayo de 2016 en la que, en virtud de información ya disponible, se pudo proceder a la venta de capital en base a créditos otorgados por la propia entidad, con garantía de las acciones mismas. Por otra, deben analizase las prácticas comerciales de colocación de los bonos convertibles, práctica comercial que ya fue sancionada por la CNMV en el pasado mes de agosto por operaciones previas. Ambas investigaciones son esenciales en la medida en que ambos tenedores (de acciones y bonos convertibles) han asumido la totalidad de las pérdidas de la resolución. Y por último cabe reanalizar las condiciones de salida de la dirección previa de la entidad, a inicios de este año, que a la vista de los datos conocidos hoy sobre la situación del banco resultan improcedentes.

En tercer lugar, hay que conocer los detalles del proceso de venta del Banco Popular que ha acabado en la resolución. Por una parte, las declaraciones de la presidenta del MUR, Elke König, la pasada semana en un medio de comunicación señalando las dificultades del Banco Popular han podido tener un impacto determinante en la consecución de los hechos que han conducido a la resolución. En el mejor de los casos, esas declaraciones supusieron una notable imprudencia.

Por otra, y en relación con esas declaraciones, una vez concluida esta operación, hay que valorar prudentemente si ha habido decisiones que han dificultado el proceso de venta del Banco Popular a un precio de mercado sin intervención alguna del MUR, puesto que sin duda, la la venta al Santander por el valor simbólico de un euro ha conducido a una pérdida total para acciones y tenedores de deuda convertible que hubiera podido encontrar unas salida más favorable para sus intereses si el proceso de venta hubiera transcurrido en otras condiciones, que quizá habrían sido posible en ausencia del ruido de las declaraciones del propio MUR. De este modo, esta resolución podría incorporar riesgo moral adicional para futuras resoluciones en la medida que minimicen la verosimilitud de operaciones de venta auténticamente a precio de mercado sin intervención alguna de las autoridades públicas.

Por último, la compra del Banco Popular por parte del Santander supone un paso más en la concentración del sector bancario en España. Es cierto, como defiende Draghi, que hay espacio para la consolidación bancaria en Europa, pero ésta debería venir de operaciones trasfronterizas que sirvan también a la europeízación del sector financiero en el marco de la Unión Bancaria y de la Unión del Mercado de Capitales. Sin embargo, dar más pasos en la consolidación del sector en España es una mala noticia que genera problemas de competencia en el sector y de inclusión financiera.

Para aclarar todas estas cuestiones, Jonás Fernández ha enviado una pregunta escrita a la Comisión Europea, que ha tomado la última decisión sobre la resolución del Banco Popular. Además, ha solicitado que la comisión de Asuntos Monetarios y Financieros del Parlamento pida la comparecencia de la presidenta del MUR, Elke König, para elevar la transparencia de este proceso.