Serna: “El único interés que mueve a César Sánchez es su partido y en ningún caso los alicantinos y alicantinas”


La diputada socialista por Alicante y miembro de la Ejecutiva Nacional del PSPV-PSOE, Toñi Serna, ha asegurado que la denuncia de la fiscalía al alcalde de Calp y presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, por coacciones a un funcionario público para que participara en su campaña electoral “demuestra la calidad moral de este personaje que utiliza las instituciones públicas como su cortijo particular”. “El único interés que mueve a César Sánchez es su partido y en ningún caso los alicantinos y alicantinas”.

“César Sánchez es un fiel discípulo de las malas formas que durante años el PPCV impuso en las instituciones valencianas” ha denunciado Serna al tiempo que ha señalado que su actuación “es más propia de un cacique que busca contentar a sus amigos que de un representante público que vela por los intereses de los ciudadanos y ciudadanas”. Serna ha recordado que “la obsesión de César Sánchez por controlarlo todo” es lo que le mantiene en la Diputación de Alicante “gracias a un pacto con un tránsfuga de Ciudadanos”.

En esta línea la dirigente socialista ha señalado que los hechos denunciados por la fiscalía dejan en evidencia las prioridades del alcalde de Calp y presidente de la Diputación de Alicante que “no son otras que su partido”. Así ha recordado que “a César Sánchez no le ha importado dejar a los municipios de Alicante sin poder recibir dinero del Fondo de Cooperación Municipal que el Consell ha puesto en marcha con la participación de las Diputaciones y que en el caso de la provincia de Valencia ha repartido entre sus municipios más de 40 millones de euros.

“A César Sánchez no le importa gobernar en contra de sus ciudadanos si ello le va a suponer una palmadita en la espalda de sus compañeros de partido” ha denunciado Serna al tiempo que ha recordado su oposición a participar en el Fondo de Cooperación Municipal, en el Plan Xarxa Llibres, o rechazo al decreto de Plurilingüismo que supone “poner vetos a medidas que implican avances sociales para los alicantinos y alicantinas”.