Del Grupo Parlamentario Socialista, de mejora de la pensión de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de género (Número de expediente 122/000079)


La diputada del grupo socialista Ángeles Álvarez / EFE / ARCHIVO La diputada del grupo socialista Ángeles Álvarez / EFE / ARCHIVO

La señora PRESIDENTA: Pasamos a debatir la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de mejora de la pensión de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de género. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Álvarez Álvarez.

La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Buenas tardes, señorías.

Permítanme unas consideraciones previas. Han transcurrido más de diez años desde la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género, una norma que abrió la puerta a estructurar la respuesta del Estado a la violencia contra las mujeres, una ley que supuso un gran paso en la protección de las víctimas precisamente por otorgarles una tutela reforzada frente a los actos de maltrato físico y psicológico.

La mejora de las actuaciones del Estado frente a esta violencia que cuesta la vida de decenas de mujeres cada año es uno de los objetivos de la subcomisión en la que comprometemos nuestra credibilidad ante la lucha contra la violencia. Esa subcomisión busca también respuestas para que la ley se cumpla y la reparación sea efectiva. La propia Ley 1/2004 mandata a los organismos de igualdad a valorar los programas y acciones que se lleven a cabo y a emitir recomendaciones para su mejora porque el legislador es consciente de que nos hallamos ante una violencia que muta y que necesita respuestas adaptadas. Sabemos que para combatir esa violencia es preciso contar con un buen entramado de recursos para la institucionalización de las políticas de igualdad y en el entramado de respuestas a esa violencia es clave la prevención, garantizar la seguridad, dar justicia para acabar con la impunidad y ofrecer reparación a las víctimas. Esta proposición, señorías, se enmarca en este último aspecto ya que viene a dar respuesta a las necesidades de protección y de atención a los hijos de las víctimas mortales, es decir, a los huérfanos de la violencia de género, que son, a su vez, reconocidos por la ley como víctimas directas.

Esta, señorías, es una proposición de ley para evitar la desprotección en las situaciones de orfandad por violencia de género. Quiero dejar constancia de que en la toma de conciencia respecto de esta realidad la sociedad civil, como siempre, ha ido por delante. La inicial cuantificación que hizo en su momento y que viene haciendo la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas ha sido clave y el Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto ha permitido visibilizar con datos y con testimonios la realidad y los desafíos a los que se enfrentan estos niños y niñas; realidades y desafíos, señorías, a los que el legislador no puede ser ajeno porque la realidad que nos muestran los casos identificados por el Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto nos interpelan y nos demandan el cumplimiento de nuestra responsabilidad como poderes públicos. Son muchos los menores expuestos al sufrimiento de la orfandad, afectados en su desarrollo emocional, necesitados de ayuda para su recuperación. Huérfanos que se encuentran en la indefensión absoluta y sin un Estado que asuma la mínima responsabilidad hacia esos menores.

Necesitamos garantizar una prestación contributiva a todos los huérfanos por violencia de género y podemos hacerlo a través de esta reforma que trae hoy el Grupo Socialista y que parte del reconocimiento expreso, a efectos de la generación del derecho a la pensión de orfandad, de que la madre causante por violencia de género sea considerada en alta o situación asimilada a la de alta. La única forma de garantizar de manera efectiva la protección que brinda el sistema de Seguridad Social es que estas prestaciones de orfandad por violencia de género se inserten dentro del marco contributivo del sistema de Seguridad Social. No es solo por sentido común. Pensemos en la dificultad de empleabilidad de la madre finalmente asesinada. Nos encontramos con mujeres controladas por el maltratador en la realización de cualquier actividad fuera de su dominio, que convierten el lugar de trabajo en un espacio de riesgo. Estas circunstancias impiden que se les exija a estas víctimas del terror machista unos requisitos de alta y de cotización para acceder a unas prestaciones de Seguridad Social que además les son necesarias para escapar del maltrato y hacer factible su recuperación. Así lo hicimos y así lo reconoce la Ley contra la violencia de género, aprobada por unanimidad en esta Cámara.

Además, el interés superior del menor nos reclama este avance en el sistema de protección, porque si las leyes les declaran víctimas directas de la violencia, deberían a su vez reconocerles el derecho a una recuperación integral; parece lógico. A quienes se les ha situado en la mayor de las indefensiones debemos dejarles claro que estamos comprometidos en garantizarles que las prestaciones de muerte y supervivencia estén dentro del sistema contributivo. (Aplausos). Para los socialistas, esta iniciativa forja un mayor blindaje del sistema de protección social y es la mejor garantía para que enfrentemos las situaciones de desamparo como las que contempla esta proposición de ley.

Señorías, hasta el momento las reformas llevadas a cabo no han dado soluciones de reparación a los menores huérfanos cuyas madres no hubiesen cotizado 500 días en los últimos cinco años, y muchísimo menos a aquellos cuya madre causante no estuviese dada de alta en la Seguridad Social. Esos menores están en el desamparo absoluto. Sus historias de vida deben hacernos reflexionar sobre la responsabilidad del Estado en la reparación. Los socialistas estimamos que la no consideración de esta iniciativa legal supondría vulnerar el estatuto integral de protección diseñado por la Ley contra la violencia de género, del cual también son beneficiarios las personas huérfanas por esta violencia. ¿Por qué? Sencillamente, porque también son víctimas.

Esta modificación del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social que el Grupo Parlamentario Socialista trae hoy al Pleno recoge también un incremento de hasta el 70 % de la base reguladora en el caso de que la madre sí cumpliese los requisitos mínimos de cotización cuando los ingresos de la unidad familiar de convivencia se situaran por debajo del 75 % del salario mínimo interprofesional. Además, en el supuesto de que hubiera más de una persona beneficiaria de esta pensión, la cuantía podría situarse en torno al 118 % de la base reguladora y nunca será inferior al mínimo equivalente a la pensión de viudedad con cargas familiares. Solo a través de una legislación clara en esta materia podremos también acabar con las interpretaciones de un INSS que litiga contra el reconocimiento de una pensión de orfandad a unos huérfanos absolutos bajo interpretaciones literales que conculcan los fines de protección perseguidos para garantizar su aseguramiento y protección y sus fines tuitivos del sistema de Seguridad Social.

El Grupo Socialista se rebela ante los comportamientos burocráticos de una administración que alega falta de cumplimiento de unos requisitos de alta o de cotización y que se escuda en una interpretación literal de las normas jurídicas para privar de una pensión de orfandad necesaria a unos menores que, sin embargo, la pueden ver reconocida si acuden a los Tribunales de Justicia ante el atropello de su derecho, y que les reponga en esa tutela denegada. Necesitamos, por tanto, dar seguridad jurídica a las personas guardadoras de esos menores y no abocarlas a litigar frente a la Administración del Estado en busca de los recursos básicos para la supervivencia de esos menores. Sin duda, ello implica una nueva victimización por parte del Estado a la que tenemos que poner freno de inmediato. (Aplausos).

A pesar de que sabemos que poner fin al silencio pasa por poner en evidencia la magnitud del problema, no puedo decirles exactamente el número de menores que en este país quedan en la desprotección absoluta tras vivir el traumático hecho de perder a sus madres en una agresión machista a manos de su progenitor. No puedo decírselo porque los sistemas de registro del Estado no cuantifican estas situaciones, pero sí sabemos que prácticamente cada semana se incorpora un menor a la estadística de orfandad por violencia de género, y también sabemos que muchos de ellos no perciben ningún tipo de prestación, a pesar de las reformas que se han venido haciendo hasta el momento.

Sabemos que en torno al 20 % de las mujeres asesinadas en los últimos años tenían menos de treinta años y, por tanto, las probabilidades de que tuviesen una cotización suficiente son muy bajas. Sumen a ese porcentaje el de todas aquellas que, por circunstancias asociadas a las estrategias de control de los violentos, se vieron obligadas a dejar empleos que les garantizaban la independencia económica. Con estos parámetros podemos hacer estimaciones de que mucho más del 50 % de estos huérfanos están en situación de desamparo o indefensión como consecuencia de no percibir ninguna pensión de orfandad. Ahora, a través de esta iniciativa, podremos tener acceso a datos para una cabal comprensión de lo que está ocurriendo.

Presentamos una proposición de ley que evita esta inseguridad jurídica y que garantiza a todos los menores huérfanos de esta violencia criminal el derecho efectivo a una pensión de orfandad de cuantía suficiente, atendiendo al mandato constitucional recogido en los artículos 39 y 41 de la Constitución; una pensión contributiva inserta dentro de nuestro sistema público de pensiones, que es el pilar básico de nuestro Estado del bienestar. Necesitamos avanzar en la consolidación del estatuto integral de protección de violencia de género y, por tanto, en el de estos huérfanos y huérfanas. Hoy lo hacemos proponiendo una ley que continúa con la labor de mejora de las pensiones de orfandad en violencia de género. Pero esta, señorías, no será la única propuesta del Grupo Socialista. Durante la X Legislatura ya propusimos una amplia batería de medidas relacionadas con la fiscalidad de las personas que asumen el cuidado de esos huérfanos, medidas para su refuerzo educativo, medidas para eliminar obstáculos normativos que no consideran sus especiales circunstancias o el reconocimiento de que algunos derechos de sus madres sean derivados a las personas acogedoras. Su rechazo de entonces no hará que desistamos de exigir mayor compromiso del Estado con estos menores.

Voy finalizando. Estamos terminando los trabajos de la subcomisión para un pacto contra la violencia hacia las mujeres. Que esta Cámara hoy apruebe por unanimidad la toma en consideración de esta proposición de ley será un buen prólogo que nos encamine por la senda que todos esperan de nosotros: la de la unanimidad en la repulsa y la unidad en la respuesta.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).