La FEMP urge a restablecer un impuesto compensatorio de plusvalía


MADRID, 30/05/2017.- El presidente de la FEMP, Abel Caballero, durante la rueda de prensa donde ha presentado ante los medios los criterios de la Federación respecto al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IVTNU), conocido como plusvalía municipal, cuyo cobro ha sido cuestionado por el Tribunal Constitucional. EFE/Paco Campos MADRID, 30/05/2017.- El presidente de la FEMP, Abel Caballero, durante la rueda de prensa donde ha presentado ante los medios los criterios de la Federación respecto al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IVTNU), conocido como plusvalía municipal, cuyo cobro ha sido cuestionado por el Tribunal Constitucional. EFE/Paco Campos

La FEMP ha urgido hoy al Gobierno a remitir a las Cortes un proyecto de ley que les compense por la pérdida de ingresos por las sentencias de los tribunales que anulan parte del impuesto que cobraban por la adquisición de terrenos, incluso en los casos en los que el vendedor no tenía plusvalía.

En rueda de prensa, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero, ha señalado que, tras esas sentencias, se pusieron en contacto con el Gobierno, al que apremiaron para que rellenase ese "vacío legal" y resolver "la inseguridad jurídica".

Ahora le van a remitir "dos grandes propuestas": reformar el impuesto, fijando su base liquidable con criterios objetivos y que el catastro elabore un índice anual de la evolución de los suelos, lo que resolvería "la indefinición que describe el Tribunal Constitucional".

La otra opción consistiría en una base imponible para ser gravada, que fuese el valor de venta menos el valor de compra y se aplicaría la minusvalía o plusvalía real que hubiese en cada caso.

Caballero, que ha asegurado que no han hecho desde la FEMP una estimación de las pérdidas por la anulación de parte de este impuesto, sí ha reconocido que, por la liquidación de impuestos de años anteriores, los ingresos municipales por este concepto fueron en 2016 de unos 2.000 millones de euros.

Ha recordado que en el pleno de la Asamblea de la FEMP, en 2015, ya se decidió pedir al Ejecutivo un cambio legislativo porque veían que se iba a anular ese impuesto ante los recursos presentados por ciudadanos que vendían con pérdidas y se les cobraba esa plusvalía.

Caballero también ha pedido al Gobierno que constituya un grupo de trabajo para estudiar de qué forma se va a compensar "al cien por cien" a los ayuntamientos, ya que ese impuesto -que "está aprobado por el legislativo-, no se puede hacer responsable a los ayuntamientos de esa base imponible".

Para el presidente de la FEMP, esta cuestión no puede esperar a la reforma de la financiación local, ya que esta "va a requerir un tiempo" para su puesta en marcha, mientras que el impuesto sobre la venta de terrenos, "en cuestión de semanas", tiene que llegar al Parlamento porque hay un vacío legal.

Ha precisado que ahora los interventores municipales aplican su criterio en las ventas de terrenos e inmuebles y "aceptamos o no su criterio", y ha insistido en que no han hecho una estimación "del impacto hacia atrás" de este gravamen, "en todo caso lo hará el Ministerio de Hacienda, que nos tiene que resarcir".

Respecto a que algunos abogados aconsejen a sus clientes que recurran anteriores ventas con pérdidas en las que se ha pagado esa plusvalía, Caballero ha precisado que, en algunos casos, aceptan un acuerdo, pero que las apelaciones no están siendo "masivas".

"Los ayuntamientos -ha continuado- nos queremos poner en el lugar de los ciudadanos, pero necesitamos garantías y un impuesto que nos resarza de las pérdidas sufridas".

Antes de tratar sobre esta cuestión, Abel Caballero se ha referido a que la Junta de Gobierno de la FEMP se había reunido con Michi Capriles, la esposa de Antonio Ledesma, alcalde de Caracas encarcelado por "falsedades y mentiras".

Tras asegurar que su único delito ha sido ser alcalde, ha exigido su liberación inmediata y la restauración de la legalidad y el Estado de derecho en Venezuela.