El Grupo Socialista interpelará a Montoro en el próximo pleno para pedir su reprobación

  • Escrito por La Redacción - Agencias
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El portavoz del PSOE, José Luis Ábalos / EFE El portavoz del PSOE, José Luis Ábalos / EFE

Tras declarar el Tribunal Constitucional la inconstitucionalidad de la Amnistía Fiscal del Gobierno, el Grupo Socialista interpelará en el próximo pleno al ministro Montoro para pedir su reprobación en su consecuente moción.

Esta es una de las iniciativas parlamentarias anunciadas por el portavoz José Luis Ábalos que está impulsando el Grupo Socialista para la reprobación de Montoro, tras registrarse la semana pasada una proposición no de ley con el mismo objetivo, nada más conocerse la decisión del TC.

En la interpelación socialista se recuerda la “injusta” e “inmoral” amnistía fiscal “diseñada y aplicada por el Ministro de Hacienda” que aprobó el Gobierno en 2012, para “perdonar” el pago de sus obligaciones tributarias “a los grandes defraudadores”. Así, se denuncia que “mientras el Gobierno de Rajoy subía los impuestos a los trabajadores, con subidas extraordinarias del IRPF y el IVA”, esta amnistía “otorgaba un tratamiento fiscal mucho más favorable para quién había incumplido sus obligaciones tributarias”.

La iniciativa socialista denuncia que esta amnistía fiscal “garantizaba la impunidad a delincuentes y defraudadores fiscales, permitiéndoles blanquear dinero negro”, porque “se podían acoger a ella sin tener que ustificar el orígen del patrimonio aflorado”. Además, se subraya que al favorecer este blanqueo d ecapitales, esta amnistía fiscal “no solo dificultaba la lucha contra el fraude”, sino que “obstaculizaba la lucha contra la corrupción”. Y pone en evidencia que a esta amnistía fiscal se han acogido desde Bárcenas hasta Rato, pasando por familiares de Pujol.

“El TC, cinco años después, ha dado la razón al PSOE”, se subraya en la interpelación, que recuerda que el Grupo Socialista pidió al TC el 25 de junio de 2012 que declarara la inconstitucionalidad de la amnistía fiscal de Montoro.

“Si la sentencia no va a tener consecuencias económicas en los defraudadores –por aplicación del principio de seguridad jurídica-, al menos es imprescindible que tenga consecuencias políticas en el Ministro que, saltándose principios fundamentales de nuestra Constitución, les facilitó la impunidad”, se advierte.