El día de la democracia: cuarenta años después


Cartel del Partido Socialista obra de José Ramón Sánchez en la campaña electoral de las elecciones de 1977. En el centro aparece Felipe González, abrazado como uno más con un compañero del metal, un paisano con la imprescindible boina, lo que parece un funcionario con camisa y corbata y una agricultora / ARCHIVO Cartel del Partido Socialista obra de José Ramón Sánchez en la campaña electoral de las elecciones de 1977. En el centro aparece Felipe González, abrazado como uno más con un compañero del metal, un paisano con la imprescindible boina, lo que parece un funcionario con camisa y corbata y una agricultora / ARCHIVO

El 15 de Junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones generales en España, después de un decreto ley en abril que convocaba la elección de unas nuevas Cortes, compuestas de Congreso y Senado, pero que no especificaba el carácter constituyente de dichos comicios.

A esas elecciones fundacionales de la democracia no pudieron concurrir los partidos políticos ilegales que cuestionaban la forma de gobierno monárquica, es decir, partidos republicanos y carlistas; así como aquellas formaciones rupturistas del orden social (marxistas-leninistas) o de la unidad del Estado. Obtuvieron representación significativa cinco partidos o coaliciones estatales: Unión de Centro Democrático, PSOE, PCE, Alianza Popular y la candidatura Partido Socialista Popular-Unidad Socialista, así como el PNV y el Pacte Democrátic de Catalunya, que reunía al grupo de Pujol con un partido democristiano y los socialistas catalanes del Reagrupament. La coalición de Unión de Centro Democrático no obtuvo mayoría absoluta al quedarse con 165 escaños, mientras que el PSOE se convertía en principal fuerza de la oposición con 118 diputados, pese que tuvo que competir con otras dos candidaturas socialistas del PSP-Unidad Socialista, con 6 diputados, y Alianza Socialista Democrática (PSOE histórico y PSDE), que reunieron cerca de un millón de votos. Las tres candidaturas socialistas sumaron 6.290.364 votos frente a los 6.310.391 de la coalición de UCD, una diferencia de veinte mil votos, sin contar a los socialistas que fueron en la coalición catalanista (4 diputados) y que se integrarían después mayoritariamente en el grupo parlamentario del PSC-PSOE. Fue este resultado electoral sin mayoría absoluta el que permitió que se abriera una legislatura constituyente y, por tanto, que la transición diera como resultado la ruptura con el franquismo y no una mera reforma constitucional como había establecido la Ley sometida a referéndum en diciembre de 1976.

En efecto, la Ley para la Reforma Política, con carácter de ley fundamental del franquismo, establecía una presidencia de las Cortes y del Consejo del Reino de designación real, señalando el número máximo de diputados y de senadores, incluidos los de designación real, en una cámara ya sin representación corporativa, como había pretendido el proyecto original de Torcuato Fernández Miranda. Además, aludía a una futura reforma constitucional que podía ser iniciativa del Rey, del gobierno o de las Cortes. Sin embargo, de dicha Ley se había suprimido el preámbulo y carecía de disposición derogatoria, por temor a que provocara el rechazo de los defensores de la continuidad del franquismo.

La ambigüedad de la Ley para la Reforma Política y la retórica del paso “de la ley a la ley”, de la preservación de la legalidad del franquismo, ha hecho que muchos analistas presenten el proceso político de la transición como una reforma, mientras que otros desde lecturas revisionistas han señalado las presuntas limitaciones democráticas de lo que denominan el “régimen del 78”.

Sin embargo, los grupos reformistas no pretendían otra cosa que establecer una democracia limitada manteniendo vestigios institucionales autoritarios, por lo que el proceso de cambio político de la dictadura a la democracia no puede decirse que respondiera a su proyecto. El sistema electoral proporcional establecido tenía limitaciones al contemplar un número global bajo de diputados o una representación mínima para las provincias menos pobladas, que perjudicaba a las formaciones políticas minoritarias que no obtuvieran un quince por ciento de los votos, pero, en sí mismo, no hay leyes electorales buenas o malas.

El procedimiento legislativo del proceso de cambio tuvo sin duda una apariencia de reforma de las instituciones políticas, aunque el resultado de la transición fue una liquidación de las mismas. Se trató, por tanto, de una transición que no fue ni reforma ni ruptura del franquismo. El cambio político posfranquista no fue una EVOLUCIÓN ni una REFORMA del régimen de Franco, que en los años sesenta tantos políticos y analistas creían observar o pronosticar, ni una revolución o una RUPTURA que derribara al gobierno, sino una TRANSICIÓN a la democracia, en la que el proceso estaba por construir.

En cualquier caso, las Cortes salidas del 15 de Junio, que habían dado una mayoría de votos, aunque no de diputados, a las formaciones del antifranquismo, decidieron convertir la legislatura en período constituyente, rechazando que una comisión designada por el gobierno Suárez elaborara la Constitución. En suma, fue la Constitución, refrendada en diciembre de 1978, que no era una mera reforma constitucional como establecía la Ley de enero de 1977, la que derogaba las leyes fundamentales del régimen franquista en su disposición adicional primera. La Constitución eliminaba muchos de los poderes de la monarquía que había establecido la Ley para la Reforma Política, una especie de nichos autoritarios del antiguo régimen, como la iniciativa legislativa y constitucional real o la designación de presidente de las Cortes y del Consejo del Reino.

El 15 de Junio, junto al 6 de Diciembre, constituye uno de los Días de la Democracia que debían rememorarse por la ciudadanía y no sólo por la clase política, por mucho que ahora se deba plantear una reforma constitucional.


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